Notas y bibliografía

Capítulo 1. Partidos defectuosos, élites mediocres

1. Madison plasma estas ideas en su carta a El Correo de Nueva York el 23 de noviembre de 1787.

2. Una discusión más detallada sobre este tema se encuentra en A. Przeworski, Qué esperar de la democracia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.

3. Para más información, véanse M. Duverger, Los partidos políticos, 1957, y A. Panebianco, Modelos de partido, Madrid, Alianza, 2009.

4. Véase R. Michels, Los partidos políticos, Buenos Aires, Amorrortu, 1969.

5. O. Kirchheimer, «The Transformation of Western European Party Systems», en J. LaPalombara y M. Weiner, eds., Political Parties and Political Development, Princeton, Princeton University Press, 1966, y M. Hale Williams, «Catch-all in the Twenty-first Century? Revisiting Kirchheimer’s Thesis 40 years Later: An Introduction», Party Politics, 15 (2009), pp. 539-541.

6. Datos en I. van Biezen, P. Mair y T. Poguntke, «Going, Going,…Gone? Party Membership in the 21st Century», European Journal of Political Research, 51, 1 (2011), pp. 24-56.

7. S. P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx, Buenos Aires, Paidós, 1994.

8. R.Gunther, G. Sani y G. Shabad, El sistema de partidos políticos en España: génesis y evolución, Madrid, CIS, 1986.

9. R. S. Katz y P. Mair, «Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party», Party Politics, 1 (1995), pp. 5-28.

10. A. Lijphart, Patterns of Democracy, New Haven,Yale University Press, 1999.

11. La definición original se encuentra en A. O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Harvard University Press, 1970.

12. Sobre el índice de Rice, véase U. Sieberer, Party Unity in Parliamentary Democracies: A Comparative Analysis, 2006.

13. El reglamento del Congreso español, en todo caso, es extremadamente restrictivo con los diputados individuales. Por lo tanto, los jefes de grupo parlamentario disponen de amplios instrumentos coactivos para «invitar» a sus diputados a ser disciplinados.

14. Hay que distinguir entre dos tipos de ruptura de la disciplina de partido: la sistemática (cuando la rompen facciones agrupadas) y la no sistemática (cuando la rompen diputados individuales por razones de «conciencia»). De esta última ha habido algún caso anecdótico en España, en cuestiones como el aborto o el matrimonio homosexual. En cualquier caso, nunca han sido decisivas para aprobar una ley.

15. Del gobierno solo dimitió el ministro de Trabajo Manuel Pimentel.

16. J. M. Maravall, La confrontación política, Madrid, Taurus, 2008.

17. Basta con ver que casi todos los partidos estatales tienen diferentes «marcas» autónomas en diferentes territorios (PSC, UPN, etc.).

18. Carrera política en la antigua Roma, principalmente durante la República.

19. M. Hallerberg y J.Wehner, «The Educational Competence of Economic Policy-Makers in the EU», Global Policy, 3 (2012), pp. 9-15.

20. Véase V. Lapuente, «La enfermedad institucional de España», El País, 15 de agosto de 2012.

21. Véase Van Biezen Project (partylaw.leidenuniv.nl/laws).

2. El maquiavélico sistema electoral español

1. Véase CIS 2588 y CIS 2701.

2. Definición de G.W. Cox, Making Votes Count, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

3. S. P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo xx, Buenos Aires, Paidós, 1994.

4. Si el dictador no lo deja atado y bien atado, como pasó, por ejemplo, en Chile.

5. M. S. Shugart y M. P. Wattenberg, Mixed Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, Oxford, Oxford University Press, 2003.

6. Véase J. M. Carey y M. S. Shugart «Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas», Electoral Studies, 14, 4 (1995), pp. 417-419, o J. M. Colomer en Personal Representation, The Neglected Dimension of the Electoral System.

7. G.W. Cox, Making Votes Count, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

8. J. Montero e I. Lago, «Todavía no sé quiénes, pero ganaremos: manipulación política del sistema electoral español», Zona Abierta, 110-111 (2005), pp. 279-348.

9. D. Samuels y R. Snyder, «The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective», British Journal of Political Research, 31 (2001), pp 651-671.

10. Las referencias son en esencia de J. R. Montero, F. Llera y M. Torcal, «Sistemas electorales en España: una recapitulación», REIS, 58 (1992), pp. 7-56, y J. M. Colomer, ed., Handbook of Electoral System Choice, Basingstoke, Palgrave-Macmillan, 2004.

11. R. Taagapera, «How Electoral System Matter for Democratization», Democratization, 5, 3 (1998), pp. 68-91.

12. Independientemente de que sea la cúpula nacional, regional o local.

13. Véase A. Penadés (con I. Urquizu-Sancho), «Las elecciones al Senado: listas abiertas,votantes cerrados y sesgo conservador», en J. Montero, I. Lago y M. Torcal, eds., Las elecciones de 2004, Madrid, CIS, pp. 247-274.

14. De nuevo, adaptado de M. S. Shugart y M. P. Wattenberg. Estos datos son de 2001, por lo que algunos países pueden haber cambiado su posición relativa; especialmente el caso de Italia a partir de la reforma Berlusconi en 2005, lo que sin duda le sitúa ligeramente más hacia arriba.

15. Dado que la magnitud media de los distritos es mayor, la proporcionalidad del sistema también la favorece, haciendo más probable que haya gobiernos de coalición.

3. La corrupción, funcionarios y monocracia

1. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/27/andalucia/1327690664_582830.html.

2. M. Villoria y F. Jiménez, «La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos», REIS, 138, 1 (2012), pp.109-134.

3. http://politikon.es/2013/02/03/cuanto-nos-preocupa-la- corrupcion-datos-desde-1993-hasta-anteayer/.

4. M. Golden, «Some Puzzles of Political Corruption in Modern Advanced Democracies» (2006), manuscrito inédito, reuniones anuales de la Japanese Political Science Association.

5. Aunque, como ya hemos detallado, el sistema de partidos acabaría por estallar igualmente en los años noventa.

6. http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/castigamos-co- rrupcion_6_100499961.html.

7. E. Costas-Pérez, S. Solé-Ollé y P. Sorribas-Navarro, «Corruption Scandals,Voter Information, and Accountability», European Journal of Political Economy, 28, 4 (2012), pp. 469-484.

8. C. D. Ramirez, «Is Corruption in China “Out of Control”? A Comparison with the US in Historical Perspective», Journal of Comparative Economics, 42, 1 (2014), pp. 76-91.

9. S. P. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University Press, 2006.

10. V. Lapuente, disponible en http://elpais.com/elpais/2012/07/23/opinion/1343043295_174561.html.

11. http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Monocracia_6_189041108.html.

12. V.A.Thompson, «Bureaucracy and Innovation», Administrative Science Quarterly, 10, 1 (1965), pp. 1-20.

13 Max Weber hace un excelente tratamiento de la «sociología» de la burocracia.

14. Es decir, lo que se deja de ganar.

15. M. F. Bagüés. «Qué determina el éxito en unas oposiciones», documento de trabajo, CEMFI, 2005, 01 (2005).

16. D. Gambetta, Codes of the Underworld: How Criminals Communicate, Princeton, Princeton University Press, 2009.

17. Suetonio, Vidas de los césares, Madrid, Alianza, 2010.

4. Quién vigila a los políticos

1. Tomados del Estudio Internacional de la Fundación BBVA Values and Worldviews 2013 (http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/ noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1044), sobre una encuesta a
15.000 personas en 10 países de la Unión Europea (Alemania, Dina- marca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Re- pública Checa y Suecia).

2. El último barómetro de la Encuesta Social Europea señala que la colaboración con asociaciones ha subido al 21,9 por ciento respecto al promedio del 14 por ciento. El problema es que esta pregunta no permite saber si es una colaboración puntual (por ejemplo, firmar una ILP) o es una implicación sistemática.

3. http://www.crisis09.es/PDF/Propuesta_reactivacion_laboral.pdf.

4. A. Carreras y X. Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, Barcelona, Crítica, 2004.

5. P. Marí-Klose, «Prioridades poco prioritarias. Jóvenes en la agenda gubernamental en España (1982-1996)», REIS, 140 (2012), pp. 69-88.

6. C. Boix, Partidos políticos, crecimiento e igualdad: estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial, Madrid, Alianza, 1996.

7. http://politikon.es/2013/07/08/cuando-la-politica-se-hizo-vieja/.

8. Es decir, a favor de los más protegidos dentro del mercado laboral.

9. http://www.upf.edu/ess/.

10. C. B. Mulligan y X. Sala-i-Martin, «Gerontocracy, Retirement, and Social Security», NBER Working Paper 7117, 1999.

11. E. E. Schattschneider, Party Government, Somerset (NJ), Transaction Publishers, 2003.

12. G. Sartori, ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus, 2007.

13. E. E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People: A Realist’s View of Democracy in America, Hinsdale, Dryden Press, 1975.

14. A. Evers y J.-L. Laville, The Third Sector in Europe. Globalization and Welfare, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2004, pp. 30-31.

15. Acrónimo de la expresión en inglés Not In My Back Yard, («no en mi patio trasero») que consiste en el rechazo entre los residentes de una zona a un proyecto o desarrollo que afecta a la misma.

5. El cóctel fatal de la burbuja

1. J. Fernández-Villaverde, L. Garicano y T. Santos, «Political Credit Cycles: The Case of the Euro Zone», National Bureau of Economic Research,W18 899 (2013).

2. Ibidem.

3. P. Barberá, P. Fernández-Vázquez y G. Rivero contaron esta historia aportando datos en su artículo «Rooting out Corruption or Rooting for Corruption? The Heterogeneous Electoral Consequences of Scandals» (2013), manuscrito inédito, Universidad de Nueva York.

6. Cambiar los partidos, cambiar las élites

1. J. A. Cheibub y A. Przeworski, «Democracy, Elections, and Accountability for Economic Outcomes», en A. Przeworski, S. Stokes y B. Manin, eds., Democracy, Accountability, and Representation, Nueva York, Cambridge University Press, 1999, pp. 222-250.

2. Las caídas de gobiernos debido a la ruptura de acuerdos de coalición también son habituales, aunque no estrictamente relevantes en esta discusión.

3. R. Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Organizational Tendencies in Modern Democracies, Nueva York, Free Press, 1962.

4. El pobre Michels, por cierto, perdió la fe en el SPD primero, y en la política democrática después, para acabar como militante del partido fascista italiano y seguidor de Mussolini.

5. J. D. May, «Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity», Political Studies, 21 (1973), pp. 135-151.

6. H. Kitschelt, «The Internal Politics of Parties: The Law of Cur-vilinear Disparity Revisited», Political Studies, 37 (1989), pp. 400-421.

7. T. Iversen, «Political Leadership and Representation in West European Democracies: A Test of Three Models of Voting», American Journal of Political Science, 38, 1 (1994), pp. 45-74.

8. J. M. Maravall, «Accountability and the Survival of Governments», documento de trabajo 219/2005, Madrid, CEACS, 2005.

9. Congreso Popular de Valencia, 2008.

10. En algunos países con sistemas electorales a dos vueltas y partidos débiles (Francia), los partidos «deciden» su liderazgo mediante escisiones y varios candidatos a las generales. No lo abordamos en este capítulo, al depender más de la ley electoral que de la (falta de) organización interna.

11. Los que votan para escoger a un líder. Se emplea esta palabra para distinguirla del electorado, que se refiere al conjunto de la ciudadanía. Obviamente, ambos no tienen por qué coincidir.

12. I. van Biezen, P. Mair y T. Poguntke, «Going, Going, … Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe», European Journal of Political Research, 51 (2012), pp. 24-56.

13. W. Cross y A. Blais, «Who Selects the Party Leader?», Party Politics, 18, 2 (2010), pp. 127-150.

14. J. Rodríguez, O. Barberá, A. Barrio y M. Baras, «Are Parties Democratizing Themselves? The Evolution of Leadership Selection in Spain (1977-2008)», documento de trabajo 285, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2010.

15. O. Kenig, «Classifying Party Leaders’ Selection Methods in Parliamentary Democracies», Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 19 (2009).

16. R. Katz, «The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy», Party Politics, 7, 3 (2001), pp. 277-296.

17. M. Oak, «On the Role of the Primary System in Candidate Selection», Economics and Politics, 18, 2 (2006), pp. 169-190.

18. Mitch McConnell 2014: Democrats and the Tea Party Are Uniting Against GOP Leader.

19. T. Poguntke y P. Webb, eds., The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford, Oxford University Press, 2007.

7. El camino de la reforma electoral

1. Hasta donde sabemos, nadie ha planteado abiertamente un sistema a la francesa, con dos vueltas.

2. «Only 22% Of ‘Disenchanted’ Public Can Name Their MP», Huffington Post, 15 de mayo de 2013.

3. G. M. Milesi-Ferretti, R. Perotti y M. Rostagno, «Electoral System and Public Spending», The Quarterly Journal of Economics, 117, 2 (2002), pp. 609-657.

4. R. J. Dalton, D. M. Farrel e I. McAllister, Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2011.

5. A. Bosch y Ll. Orriols, «Ballot Structure and Satisfaction with Democracy», Journal of Elections, Public Opinion and Parties (2014).

6. A. Gallego, «Are More Choices in the Ballot Better? Cross-National and Experimental Evidence», ponencia presentada en APSA 2011.

7. M. Golden y E. Chang, «Electoral Systems, District Magnitude and Corruption», British Journal of Political Science, 37, 1 (2007), pp. 115-137.

8. Como hemos comentado en el capítulo 2, no hay acuerdo entre politólogos. Véase J. M. Colomer, ed., Personal Representation:The Neglected Dimension of Electoral Systems, Colchester, ECPR Press, 2011.

9. L. Karvonen, The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies, Colchester, ECPR Monographs, 2010.

10. Tomado del título de M. S. Shugart y M. P. Wattemberg Mixed Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, Oxford, Oxford University Press, 2003.

11. P. Krugman, «The Radicalizing Effect of Euro Disaster», The New York Times, 25 de julio de 2012.

12. P. Norris, «Does Public Opinion Drive Electoral Reform?» (blog), 21 de marzo de 2009.

13. Pese a, eso sí, haber votado a favor del texto tanto en la comisión como aceptado su admisión a trámite en el pleno. Aunque bastaba con la mayoría absoluta para su aprobación, el PSOE insistió en la necesidad de una mayoría más amplia. Para más información, véase «Lo que España se juega en Asturias», eldiario.es.

14. S. Bowler y T. Donovan, The Limits of Electoral Reform, Oxford University Press, 2013.

8. Transparencia y control de la corrupción

1. Véase I. Pérez Durán, Accountability for Public Policies: The Case of Health Policy in Spain.

2. M. Bovens, «Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism», West European Politics, 33, 5 (2010), pp. 946-967.

3. Véase usaspending.gov.

4. R. Senserrich «La transparencia no sirve de nada».

5. S. Grimmelikhuijsen, G. Porumbescu, B. Hong y T. Im, «The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment», Public Administration Review, 73, 4 (2013), pp. 575-586.

6. P. Hechinger, «Infamous British Political Scandals: Expenses and the “Rotten Parliament”», BBC, 11 de enero de 2012.

7. Frontier Economics, «Independent Review of the Impact of the Freedom of Information Act», 2006.

8. Transparencia Internacional, «Spain: Why Transparency is the
Best Policy», 6 de febrero de 2013.

9. GRECO, «Evaluation Report on Spain Transparency of Party Funding», 2009.

10. A menudo se comenta que el único país desarrollado sin escándalos de financiación ilegal es Suecia; un país que no tiene una ley que regule la financiación de los partidos políticos.

11. «Funding of Political Parties and Election Campaigns», Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 2003.

12. Cuando las elecciones son competidas, los donantes interesa- dos en ganar influencia a menudo recurren a donar dinero a ambos candidatos, haciendo aún más difícil el control.

13. Hasta lo que hemos investigado no hay fuentes fiables de financiación de los partidos a nivel comparado; la cifra proviene de varias estimaciones de IDEA.

14. Sin embargo, algunos países como Canadá han sido capaces de aplicar estas regulaciones con éxito. En todo caso, los límites son de gasto en el distrito, algo que hace pensar que es una regulación más apta para sistemas electorales mayoritarios.

15. El gasto en causas políticas no deja ser parte del ejercicio de la libertad de expresión.

16. B. Ackerman e I. Ayres, Voting with Dollars: A New Paradigm for Campaign Finance, New Haven, Yale University Press, 2004.

9. Una sociedad civil fuerte e independiente

1. Zapatero sacrifica su política social.

2. Zapatero saca adelante el ‘tijeretazo’ sin apoyos y con un solo voto de ventaja.

3. Miles de personas desafían a la Junta Electoral y se concentran en Sol.
4. El comando patena vacía Sol.
5. Este episodio se refiere al momento en el que en Acampada Sol se estableció la necesidad de que hubiera un grupo especializado en impedir que hubiera robos o violencia. Si no es una policía, se le parece mucho.

6. R. González Férriz, La revolución divertida, Barcelona, Debate, 2012.

7. Propuestas aprobadas en la Asamblea del día 20 de mayo de 2011 en ACAMPADA SOL.

8. La carga policial desata la indignación en Barcelona.

9. Un parte importante de la PAH deriva de una estructura sólida articulada en torno a movimientos vecinales y la Plataforma V de Vivienda, anterior a las protestas de los indignados.

10. J. A. Stimson, M. B. Mackuen y R. S. Erikson, «Dynamic Representation», The American Political Science Review, 89, 3 (1995), pp. 543-565.

11. Véase, por ejemplo, W. Jann y K. Wegrich, «Theories of the Policy Cycle», en F. Fisher, G. J. Miller y M. S. Sidney, eds., Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods, CRC Press, 2007.

12. T. A. Birkland, After Disaster. Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events, Washington, Georgetown University Press, 1998.

13. La PAH insta a los Ayuntamientos a multar a los bancos por los pisos vacíos.

10. Políticas públicas basadas en la evidencia

1. A. Gopnik, «Moon Man», The New Yorker, 11 de febrero de 2013.

2. Conviene aclarar que a lo largo del capítulo usaremos el concepto de política basada en evidencias en sentido amplio, sin entrar en clasificaciones más exhaustivas del ámbito académico que describen diferentes modelos para la relación entre información y proceso político (K. Young, D. Ashby, A. Boaz y L. Grayson, «Social Science and the Evidence-based Policy Movement», Social Policy and Society, 1, 3 [2002], pp. 215-224). El modelo problem-solving asume que la política fija los objetivos y la investigación pone los medios para alcanzarlos; es un modelo extremo que otorga un rol central a la evidencia en la génesis de las políticas. Otros modelos asumen una relación más com- pleja entre política e investigación. Entre estos destaca el enlightenment model de Weiss, que adjudica a los investigadores un rol indirecto: su único papel sería el de iluminar el escenario político donde se toman las decisiones (Ch. Weiss, «The Many Meanings of Research Utilization», Public Administration Review, 39, 5 [1979], pp. 426-431). Para Weiss, la evidencia no participaría de la resolución de los problemas, sino que ofrecería un debate argumentado para fijar objetivos y marcar la agenda (N. Black, «Evidence Based Policy: Proceed with Care», British Medical Journal, 323 [2001], p. 275). Los autores partidarios de este enfoque hablan así de una política informada en la evidencia en lugar de una política basada en la evidencia. En este texto obviaremos los matices entre estas concepciones, porque aunque existe, la frontera entre ellas es más difusa de lo que pretenden los modelos teóricos. Por tanto entenderemos el término de «políticas basadas en la evidencia» en un sentido abierto que engloba tanto el papel informativo de la ciencia como su participación en la resolución de problemas políticos y sociales.

3. Véanse, por ejemplo, L. Haynes, B. Goldacre y D. Torgerson, «Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomized Controlled Trials», Cabinet Office-Behavioural Insights Team, 2012, o R. Boruch, «Better Evaluation for Evidence-based Policy: Place Randomized Trials in Education, Criminology, Welfare, and Health», Annals of the American Academy of Political and Social, 2005.

4. Este y otros ejemplos se describen con detalle en A. V. Banerjee y E. Duflo, Poor Economics, Nueva York, Public Affairs, 2012.

5. Este ejemplo y el anterior se han tomado del trabajo de L. Haynes, B. Goldacre y D. Torgerson referenciando en la nota anterior.

6. B. A. Olken, «Monitoring Corruption: Evidence From a Field Experiment in Indonesia» (n.º w11753), National Bureau of Econo- mic Research, 2005.

7. T. P. Schultz, «School Subsidies for the Poor: Evaluating a Mexican Strategy for Reducing Poverty», Washington, D.C., Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentaria, 2001.

8. L. Haynes, B. Goldacre y D. Torgerson, art. cit.

9. De hecho, una de las ventajas teóricas que se atribuye a los estados federales es precisamente que pueden hacer algo similar a experimentos de este tipo de políticas. Básicamente, cuando un estado implementa una política pública la está sometiendo a ensayo, de forma disimulada, con el resto de los estados, sirviendo de imperfecto grupo de control. Si el estado innovador consigue mejores resultados que los demás, es indicio de que la política funciona. Este «mercado de políticas» proporciona una forma de ensayo, error y aprendizaje que, como veremos al final del capítulo, puede tener resultados excelentes. Por supuesto, este mercado de políticas funciona también entre países, donde unos y otros copian las políticas que mejor funcionan.

10. G. Stoker, «Translating Experiments into Policy», The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 628, 1 (2010), pp. 47-58.

11. Ibidem.

12. G. Mulgan, «Government, Knowledge and the Business of Policy Making: The Potential and Limits of Evidence-based Policy», Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 1, 2 (2005), pp. 215-226.

13. G. Stoker, art. cit., pp. 47-58.

14. I. Sanderson, «Intelligent Policy Making for a Complex World: Pragmatism, Evidence and Learning», Political Studies, 57, 4 (2009), pp. 699-719.

15. T. Harford, Adapt: Why Success Always Starts with Failure, Nueva York, Farrar, Straus and Giroux, 2011.

11. Democracia directa o tecnocracia omnipotente

1. Véase la obra de Philip Pettit para una discusión más a fondo; particularmente su libro en colaboración con J. Braithwaite Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice, Oxford, Clarendon Press, 1990.

2. M.-J.-A. N. de Caritat de Condorcet (Docteur J. Schwartz), Réflexions sur l’esclavage des nègres, 1781.

3. K. J. Arrow, «Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk-taking Situations», Econometrica: Journal of the Econometric Society (1951), pp. 404-437.

4. S. M. Lipset y S. Rokkan, Party Systems and Voter Alignments, Nueva York, Free Press, 1967.

5. A. Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

6. J. Habermas, The Theory of Communicative Action, vol. I, Boston, Beacon, 1984.

7. A.Przeworski, op. cit.

8. Prueba utilizada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? y en el filme Blade Runner para distinguir a los humanos de los replicantes (criaturas artificiales creadas para rea- lizar tareas pesadas.

9. W. A. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, Aldershot, E. Elgar, 1994.

10. Véanse los trabajos de V. Lapuente, más concretamente C. Dahlström, V. Lapuente y J. Teorell, «The Merit of Meritocratization Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption», Political Research Quarterly, 65, 3 (2012), pp. 656-668, y N. Charron y V. Lapuente, «Does Democracy Produce Quality of Government?», European Journal of Political Research, 49, 4 (2010), pp. 443-470.